La pregunta del millón ¿es posible?. Si miramos el informe de la Comisión Presidencial de Educación para reformar la actual LOCE y lo que preliminarmente se ha discutido y "consensuado" en el Congreso Nacional, a primera vista la respuesta es un rotundo NO. La cuestión resulta entonces, más bien en preguntarnos ¿Cuánto es posible?... como se arguyera en otro tiempo y para otra situación ¿es válida esta vez la afirmación “en la medida de lo posible”?. Podemos en un país como el nuestro darnos el lujo de hacer las cosas “en la medida de lo posible”, no será precisamente esa lógica derrotista y tercermundista la que nos ha hecho que definitivamente nunca logremos construir un país más equitativo, justo y participativo.
Pues bien, creo que el problema de la educación en parte se centra en resolver estos tres últimos principios. La equidad, donde los recursos de todo Chile deben ir para la mayoría y todos sabemos que la gran mayoría de chilenos se encuentra en situaciones de pobreza o de una inestabilidad económica tal que se halla en el limbo entre la inclasificable clase media baja o baja media o casi baja… me refiero a aquellos que con esfuerzo pagan una matricula en un colegio particular subvencionado o de financiamiento compartido (que a estas alturas es lo mismo) pero que se encuentran en la mayor indefensión ante arbitrariedades de los sostenedores y decisiones de dudosa calidad pedagógica y sin ética alguna. La equidad no es el principio de repartir más para los pobres, sino como hacemos que esos pobres dejen de serlo, y todos sabemos que un motor de movilidad social es la educación, pero no cualquiera sino una que este dentro de un sistema social y un modelo económico que la permita.
Con lo anterior, la justicia, tiene que ver con un país donde eliminemos ese icono de la mujer con la balanza equilibrada y los ojos vendados, debemos sacarle el velo y dejar que mire la realidad pues no se puede ser justo en una sociedad que es injusta solo por el hecho de nacer en cunas diferentes, de vestir distinto, que segrega por razones de orientación sexual u origen étnico. La Justicia pasa por ver que no es lo mismo estudiar en un liceo particular pagado que en uno municipal, pues no solo se diferencian por aspectos de infraestructura, recursos, compromisos docentes, estigmas sociales, sino por algo clave, que son las oportunidades en el entorno social que circunda al estudiante. La justicia pasa por romper con una sociedad que desde un tiempo a esta parte se ha venido conformando en castas plutocráticas y políticas.
Por último, la participación, que es más que el manoseado término democratización, pues este último nos conduce al ámbito de representación política que se traduce en los actos eleccionarios realizados periódicamente y definidos legalmente. La participación es el ejercicio de la libertad ciudadana en espacios y ámbitos de interés personal, estar donde quiero estar y con quien quiera. Bajo esta racionalidad, los jóvenes se preguntan por qué participo de un sistema que no me considera como persona, como lo que soy, sino más bien como una mercancía que se tranza en el mercado (los progresistas les llaman clientes), porque eso es lo que son los y las estudiantes en este mercado educacional, mercancías, pues desde que ingresan se les comienza a moldear para que “participen” de la sociedad que como adultos les hemos configurado y luego según su origen se transarán en el mercado ocupacional sin siquiera tomar en cuenta las “competencias” (para ocupar un termino políticamente correcto) adquiridas en los 12 años de escolaridad sino más bien pasarán a ser otro ladrillo más en la pared, nunca los constructores. La participación, es entonces ese principio básico de sentirme parte de un proyecto colectivo y creo que en la escuela lo que menos hacemos con niños, niñas y jóvenes es eso.
De lo expuesto, se extrae como imprescindible la transformación del Rol del Estado en el Sistema Educacional, tanto es sus componentes organizativos como institucionales. La organización, entendida como los ordenes y comportamientos internos que se expresan en acciones más o menos regulares que se inserta en un marco institucional, que da legalidad a dichos comportamientos. De tal forma no solo deben modificarse las normativas o las estructuras sino también las formas y acciones que se producen a consecuencia de ellas. En este punto, es necesario acotar que las instituciones son creaciones humanas y no fenómenos de “reificación” social que generan situaciones de imposición histórica que nos “obliga” a aceptar el estado de la situación sin mayor cuestionamiento. No hay cambio positivo si no se cambian los juegos, mentalidades y equilibrio de poderes, que trasciendan a su momento y se prolonguen en las formas de actuar y de ser de los colectivos.
La resiliencia, entendida como la capacidad intrínseca de las personas o colectivos de afrontar sus problemas y subsanarlos, es decir desde sus realidades y según sus propias dificultades construyen un modelo de vida para ellos “mejor”, reconoce la capacidad de autogestión y emprendimiento desde las bases para superar sus dificultades. Así es, la resiliencia es una condición que se observó en el movimiento juvenil vivenciado en Chile en el mes de mayo y junio del 2006. Ellos y ellas nos han dado una lección (que aún no aprendemos), afrontar sus carencias y problemas comunes no importando orígenes sociales, políticos ni culturales. Desde sus propias realidades con propuestas concretas, sin “salir” de sus establecimientos, potenciando sus fortalezas y “haciéndose” cargo de sus debilidades. No querían hacer la “revolución” tan solo mejorar sus propias condiciones y aportar a la conciencia social, “ser parte” no “estar a parte”.
